La oficina vacía: por qué los ex presidentes no necesitan “asesores de apoyo”.

Hay decisiones políticas que no requieren grandes argumentos para ser cuestionadas. Basta con aplicar un principio básico de higiene democrática: lo que no tiene función, no debe tener presupuesto. Y, sin embargo, en la Comunitat Valenciana seguimos arrastrando una figura tan pintoresca como injustificable: las oficinas de los ex presidentes, dotadas con asesores, recursos y una difusa aura de “representación institucional” que nadie sabe muy bien en qué consiste.

Conviene separar debates. 

Que los ex presidentes formen parte del Consell Consultiu es razonable. Su experiencia, su memoria institucional y su conocimiento de los engranajes administrativos pueden aportar valor en un órgano que, precisamente, debe orientar y aconsejar. Esa participación si puede llegar a ser útil. 

El problema empieza cuando se pasa de ese papel concreto a la creación de estructuras paralelas, oficinas sin cometido definido y asesores sin misión conocida. Dos asesores por ex presidente, financiados con fondos públicos, para tareas que ni se explican ni se evalúan. ¿Qué hacen? ¿A quién rinden cuentas? ¿Qué necesidad objetiva cubren? El silencio administrativo es tan elocuente como preocupante.

Este tipo de dispositivos nacen de una lógica perversa: la idea de que haber ocupado un cargo otorga el derecho a seguir disponiendo de recursos públicos. Como si la institución debiera prolongarse más allá del mandato, como si la función pública fuera un estatus permanente y no una responsabilidad temporal.

Además, estas oficinas generan un efecto corrosivo sobre la confianza ciudadana. En un contexto donde se pide austeridad, eficiencia y transparencia, mantener estructuras sin función clara es un lujo injustificable. No hablamos de garantizar seguridad o apoyo protocolario básicas sino de crear pequeños feudos administrativos sin misión, sin control y sin utilidad pública demostrable.

La cuestión, por tanto, no es si los ex presidentes merecen respeto institucional. Lo tienen. Tampoco si pueden seguir aportando. Pueden y deben, en espacios donde su experiencia sea pertinente. La cuestión es otra: ¿qué aporta a la ciudadanía mantener oficinas sin contenido, sin objetivos y sin evaluación? La respuesta creo que es sencilla: nada.

La Comunitat Valenciana necesita instituciones sobrias, funcionales y orientadas al bien común. No necesita despachos vacíos con asesores sin cometido.