Entre la norma y la disonancia: reflexiones sobre la práctica política desde la ciencia política.

 Uno de los lugares comunes más persistentes en torno al estudio de la ciencia política es la confusión entre el análisis del poder y su ejercicio práctico. No es raro que, al mencionar que se estudia ciencia política, la reacción inmediata sea: “¿Para meterte a político?”. Esta asociación revela no solo una comprensión limitada de la disciplina, sino también una tendencia a reducir el conocimiento político a la acción partidista. Sin embargo, la ciencia política, como campo de estudio, se sitúa en una posición crítica frente a la política institucional: la observa, la disecciona, la interroga, y en no pocas ocasiones, la incomoda, siempre que se mantenga una coherencia y dignidad intelectual.

Esta distancia epistemológica entre el ser y el deber ser ,entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir, es una de las tensiones más fértiles pero a la vez complejas del análisis político. Quienes nos adentramos en esta disciplina, incluso desde una motivación no profesional sino vocacional, nos enfrentamos a dilemas que no siempre encuentran una fácil resolución. Uno de ellos, especialmente relevante en el ámbito de la administración local, es el conflicto entre la aplicación de normas aprobadas y la interpretación ética de sus consecuencias.

Recientemente, la concesión de una media dedicación a un representante de la extrema derecha en la corporación local de El campello ha generado una controversia que ilustra con claridad esta tensión. Desde el punto de vista normativo, la decisión se ajusta al reglamento vigente. No hay, en principio, vulneración de procedimiento. Sin embargo, desde una perspectiva valorativa, la medida puede interpretarse como una legitimación institucional de una ideología que muchos consideramos, no solo incompatible, sino incluso contraria con los principios democráticos.

Este tipo de situaciones plantea algunas preguntas de difícil respuesta : ¿Debe prevalecer la norma cuando sus efectos contradicen valores éticos ampliamente compartidos?, ¿puede la crítica política ignorar el marco normativo en favor de una condena ética?.

La ciencia política no ofrece respuestas unívocas, pero sí herramientas para pensar con rigor. Una de ellas es la distinción entre legalidad y legitimidad. La legalidad remite al cumplimiento de normas; la legitimidad, al reconocimiento social y ético de las decisiones. En contextos democráticos, ambas dimensiones deberían converger, pero no siempre lo hacen. Cuando se separan, como en el caso mencionado, surge una disonancia que interpela tanto a los actores políticos como a los analistas.

Desde la perspectiva de la administración local, este tipo de dilemas adquiere una dimensión especialmente delicada. Las corporaciones municipales operan en un espacio de proximidad, donde las decisiones tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía. La aplicación de normas debe ser transparente, coherente y equitativa. Pero también debe estar abierta a la revisión crítica, especialmente cuando los efectos de esas normas generan tensiones éticas o políticas.

Como analistas, debemos resistir la tentación de alinearnos acríticamente con posicionamientos ideológicos, y en función ( o beneficio) de éstos esquivar interesadamente los hechos. La vocación analítica exige distancia, rigor y una disposición constante a confrontar nuestras propias contradicciones. Esto no implica neutralidad absoluta (la ciencia política no es aséptica), pero sí una ética del análisis que priorice la coherencia argumentativa sobre la conveniencia política.

En definitiva, el estudio de la política desde la ciencia política nos obliga a convivir con la paradoja. Nos exige pensar más allá de nuestras simpatías ideológicas, distinguir entre lo que es y lo que debería ser, y reconocer que la democracia se sostiene tanto en valores como en procedimientos, incluso cuando esos procedimientos pudieran beneficiar a quienes preferiríamos mantener al margen.