DIFICIL DE EXPLICAR Y MÁS DIFICIL DE ENTENDER.

 Las administraciones, afortunadamente, están sujetas a unos procedimientos reglados para la tramitación de los acuerdos y decisiones en materia de políticas públicas que, en definitiva, son prácticamente todas las actuaciones dirigidas a la ciudadanía que suponen, o regulación o gasto público. Y aquí estriba, principalmente, el problema de la actual situación de bloqueo que propicia, por ejemplo, que no se atiendan a determinados servicios contemplados, no como decisión política, sino como obligación por ley y mera gestión de asuntos de interés general (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local): una deficiente organización administrativa.

La pregunta que muchos vecinos se hacen, con toda lógica y, evidentemente, con absoluta legitimidad es, ¿y porque, existiendo recursos económicos no se atiende con la eficacia deseada, por ejemplo, al mantenimiento de las vías públicas, o a restablecer el mantenimiento de los ascensores de los edificios públicos?. Y aquí es donde la explicación es necesaria, pese a que la comprensión siga siendo complicada.

La causa primera es que unas partidas del presupuesto prorrogado si tienen consignación y otras no. Y la segunda, es que los procedimientos para renovar contratos de servicios y mantenimiento se encuentran paralizados, en unos casos por la inexistencia de partida y en otros porque la sucesión de contratos menores ha sido puesta bajo la lupa de un juez que ha procesado a dos alcaldes, tres concejales y un técnicos municipal, cuestión que ha “retraído o disuadido” a la administración local para continuar con esa practica.

Los necesarios ajustes en la organización administrativa se han encontrado con dos factores que han imposibilitado una necesaria y evidente profunda reforma que tuviese como objetivo evitar la actual situación. El primero de los factores es que tomar decisiones de éste calado parece ir contra el “área de confort” de la clase política, incapaz para acordar una verdadera organización municipal que sirviese a sus fines constitucionales y no al modelo del partido gobernante. El Estatuto Básico del Empleo Público (aprobado en 2007 y que supuso el enésimo e infructuoso intento de reforma administrativa) tuvo en nuestro municipio una aplicación meramente formal. Quince años después, el intento reformador de la ley no se ha implementado de manera seria, más allá de algún burdo intento de maquillaje. En nuestra administración local, únicamente se han sucedido intentos ( todos infructuosos debido a unos objetivos meramente instrumentales, tanto política como organizativamente)a través de las RPTS: relación de puestos de trabajo. Estos intentos han adolecido de ese verdadero objetivo organizador que tuviesen como meta la eficacia en los procedimientos administrativos. Y al ser la organización administrativa deficiente en su estructura (por ejemplo, los Centros Gestores, creados en 2018, se constituyen sin la dotación de personal técnico necesaria, o los cambios dados en el área de servicios se hacen olvidando la necesaria conexión entre las partes técnicas y jurídicas), lo que ocurre es que los procedimientos se enquistan o prolongan de forma innecesaria, siendo la ciudadanía la que sufre las indeseables consecuencias.

Unido a lo anterior, la política ha impregnado a la organización, sometiéndola a su criterio cuando el objetivo responsable debería haber sido asegurar su profesionalidad e independencia, pues ese era y es el objetivo principal : servir como contrapeso a la discreccionalidad política y servir a la ciudadanía.

Y como la política, en su peor acepción, hace años que entró en la gestión, nos encontramos con que el tacticismo partidista ha jugado en contra de los intereses generales. El enfrentamiento entre los partidos políticos ha propiciado que, por ejemplo, se careciese de un presupuesto municipal entre 2015 y 2019, con el consiguiente perjuicio para partidas sujetas a la renovación de contratos. O que desde 2020 tampoco tengamos unas cuentas municipales, cuestión que ha condicionado procedimientos al carecerse de consignación presupuestaria. Y esta situación derivó en una sucesión de contratos menores cuestionados (afortunadamente) por los informes técnicos y que finalmente han llevado ante un juez a dos alcaldes, tres concejales y un técnico municipal (gracias a la denuncia de un grupo político municipal) ya que la figura de los contratos menores ha de estar suficientemente justificada y limitada, cuestión que según el fiscal, presuntamente no se corresponde a lo sucedido desde 2011 en determinados servicios.

Es difícil de explicar y entiendo que la ciudadanía, que no tiene porque conocer los entresijos de la gestión (aunque siempre es interesante) se haga preguntas. Pero para llegar a entender el efecto hay que buscar la causa( única manera, en mi opinión de proponer mejoras) y ésta tiene unos responsables muy claros: el gobierno municipal que no ha buscado mejoras estructurales ( sólo coyunturales propensas a la foto fácil) intentando, de forma bastante torticera ,culpar a todos los demás una situación provocada por su más que evidente tacticismo irresponsable, anteponiendo unos posibles beneficios electorales a la gestión de cuestiones absolutamente básicas para el interés general. La gestión y la política evidentemente no parecen ir de la mano y creo que en los próximos meses, o vemos propuestas dirigidas a mejorar esos procesos y estructuras o los programas de los partidos políticos de cara a las elecciones de mayo serán poco creíbles .