PROBLEMAS DE POLÍTICOS, QUE NO DE POLÍTICAS.

 

Hace unos días publiqué una reflexión personal sobre las contradicciones que, en mi opinión se están produciendo en nuestra administración municipal entre política y gestión. Como apuntaba, cualquier análisis debe partir de tres enfoques. El primero es aplicar un cierto distanciamiento, principalmente ideológico y emocional. El segundo, el marco legal definido por el derecho administrativo, y en un tercer, pero no menos relevante,el análisis de la actuación del gobierno, procesos y relaciones entre niveles político y administrativo. Mi análisis, superficial y evidentemente carente de los datos necesarios para concretarlo, se centra fundamentalmente en el campo del ultimo tipo de enfoque, intentando ese deseable distanciamiento ideológico y emocional que nos pueda permitir una visión un poco más nítida de esa realidad conflictiva.

El gobierno de coalición ha sufrido, prácticamente desde el primer día, dos problemas. El primero, como ya he apuntado en otras ocasiones, es la ausencia de un acuerdo programático, limitando el acuerdo a un reparto incompleto del poder municipal. El segundo, la clara competencia electoral de los actores coaligados pese ( o por ello) a la clara coincidencia ideológica o programática. Además, no podemos obviar un clima de animadversión personal que se añade a los factores o elementos ya señalados. Esto ha propiciado que los objetivos de unos y otros hayan chocado más por estrategias partidistas que por diferencias, más o menos sustanciales en la gestión.

La “Teoría de juegos” plantea una idea sobre la búsqueda de la estabilidad gubernamental con el objetivo de obtener el mayor control posible del poder: los partidos políticos sin mayoría parlamentaria suficiente, colaborarán entre sí para conseguir el poder. Pero ésta misma teoría apunta a que las coaliciones en las que se da una situación de competencia y conflicto la ganancia de uno corresponde a las perdidas del otro (suma cero). Normalmente esto se produce en coaliciones (como la del gobierno actual) donde el actor de mayor tamaño persigue la absorción o minimización del socio-adversario. Y ésta explicación podría ser una de las posibles en cuanto al bloqueo político que sufre la institución municipal y que, a la vita de las diferencias expuestas públicamente, no parece augurar un final de mandato demasiado productivo, si a políticas nos referimos

Que intenten cargar las tintas unos contra otros (socios de investidura) significa, para mi, que el PP sigue esa estrategia de suma cero en la que la recuperación de los votos perdidos hacia Ciudadanos es más importante que asumir las responsabilidades institucionales de un escenario plural donde si o si precisa de colaboración. En cuanto a Ciudadanos, la táctica de señalar como culpable al socio mayoritario persiguie, creo yo, Intentar sobrevivir a la debacle electoral que los próximo comicios parecen depararle. Y en medio, la ciudadanía que asiste, nuevamente ( el pasado mandato se significó por las mismas estrategias entre los partidos coaligados: expulsión de Esquerra Unida del gobierno, “opa” de Compromis a Podemos en forma de fichaje de una candidata anteriormente en la formación morada, etc) al descrédito de la política en “favor” de esa lucha partidista que olvida hasta las más básicas obligaciones que la gestión de una administración local requiere y exige.

No obstante, es cierto que el bloqueo en cuanto a las contrataciones y pese a que el Alcalde señale, (en una especie de huida hacia delante) a los centros gestores como principales responsables ( refiriéndose concretamente al área de Servicios), quien institucionalmente tiene la responsabilidad principal es el máximo cargo municipal, por lo que el subterfugio de la delegación en los responsables políticos de esos centros no creo que le exima ni sirva de argumento para no abordar ( buscando los acuerdos necesarios) la solución de un problema que está adquiriendo una magnitud peligrosa, no sólo para los intereses partidistas (que también, si la ciudadanía aplica una cierta mirada retrospectiva para decidir su voto y analiza las responsabilidades antes de atribuirlas en positivo o en negativo), sino para la misma democracia local encarnada en los partidos políticos.

Personalmente, y sin tener las herramientas necesarias para hacer una valoración sobre la magnitud del problema a nivel burocrático, lo que me asalta, en todo caso, son preguntas: ¿porqué la política ha obviado las advertencias que si han expresado los técnicos durante años sobre el fraccionamiento de contratos sin recurrir a la necesaria asesoría jurídica municipal en busca de una solución que ajustase la actuación de la administración a la legislación vigente en materia de contratación, ¿ porqué no se ha recurrido al asesoramiento externo para buscar una salida que evitase que la gestión pública chocase contra la política de la forma tan burda como lo ha hecho?. Y esas preguntas creo que precisan de una explicación, porque la política, además de marketing, precisa de un alto grado de pedagogía.

Mientras tanto, la opinión pública ( la expresada y manifestada a través de diferentes medios así como la silenciosa) deberá reflexionar sobre quien o quienes tienen la responsabilidad de ésta anómala situación. Aunque en esto soy pesimista, ya que en la sociedad local se está reproduciendo esa polarización irracional que convierte las opiniones en armas contra los “enemigos” sin atender a otras razones que las implantadas en y para consumo de los grupos a los que se pertenece, excluyendo cualquier otra cuestión, razón o argumento.