LAS "OTRAS" RESPONSABILIDADES.

 La gestión de los recursos públicos está sujeta, no sólo a la voluntad política, sino a la ley, como no podría ser de otra manera, en el marco de un estado de derecho. Toda la ciudadanía tiene la obligación cívica de respectar las leyes, por lo que, ¿porqué iba a ser la administración, o mejor, la dirección política, diferente?.

Hace unos días reflexionaba sobre la responsabilidad compartida de diferentes actores en la gravísima situación que atraviesa nuestra administración municipal sobre contratos y compras. La investigación judicial sobre el presunto fraccionamiento de contratos ha señalado a los presuntos responsables de mantener, durante años, una situación irregular. En los últimos días, la fiscalía ha planteado la petición de apertura de juicio oral y la pena que solicitará para los actores implicados: trece años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Los dos últimos Alcaldes están en el centro de la polémica situación y ambos hicieron piña en la última sesión plenaria. El actual Alcalde, al rechazar de plano la posibilidad de presentar su dimisión (solicitada por Esquerra Unida y Podemos), y el segundo por “posicionarse contra un relevo en la Alcaldía, por que no consta que el Ayuntamiento haya sufrido un "perjuicio patrimonial" (ojo al argumento: habremos vulnerado la ley, pero nadie ha sufrido, excepto, claro está, la credibilidad de la institución municipal).

Evidentemente y a la vista de cual ha sido el posicionamiento del hoy portavoz de Compromis en otros casos donde el Ayuntamiento sí ha sufrido perjuicio patrimonial ( parking Els Furs, Parque Central, etc) no me sorprende que en ésta ocasión haya optado por posicionarse junto a su colega, como presuntos responsables de una situación irregular de los procedimientos de contratación. Evidentemente no ha habido perjuicio económico para la institución pero, ¿para la ciudadanía?, ¿para la credibilidad (expresada en la seguridad jurídica de sus actuaciones) de la institución municipal?.

Los partidos políticos, a raíz de la eclosión de diferentes casos de corrupción política, aprobaron y publicaron de forma rauda unos documentos sobre el compromiso con el comportamiento ético de los responsables políticos e institucionales. Pero lo que nos hemos encontrado en cuanto a la aplicación de estos compromisos es laxitud, siempre en función de los intereses de los partidos. Esta laxitud no cabe duda de que ha incidido en la negativa opinión de la ciudadanía: según diferentes sondeos, la ciudadanía considera la política y la actuación de los políticos como un problema.

Una lectura de los códigos éticos, tanto de PP como de Compromís, señalan que el “estricto respeto al ordenamiento jurídico” es un compromiso recurrente. Pero claro, la modulación de los posibles delitos de prevaricación ( art. 404 del Código Penal) bajo los “argumentos” de haber actuado en pos de los intereses generales intentan rebajar, al menos socialmente, la relevancia de haber cometido una presunta ilegalidad. Y ésto no me sorprende pues los ejemplos de cargos públicos, que han relativizado su actos, pese a ser investigados y condenados por delitos de corrupción política que han sido revalidados en sus cargos por el voto popular son abundantes, por lo que se entiende que construir un relato en el que el supuesto interés general se superponga a la legalidad de las actuaciones ha surtido efecto. Y ésta es una cuestión sobre la que la sociedad, cada día más alejada de la política, debería reflexionar :si de algo está necesitada la política ,es de gestos éticos que muestren y demuestren a la ciudadanía que los representantes públicos no estén exentos de cumplir con las leyes ni en su vida privada ( como cualquier ciudadano), ni en su actividad política.

En el caso que nos ocupa (y preocupa) el espíritu de la ley de contratos del sector público (7/2017) es, en mi opinión,  combatir los abusos que se pudieran producir en la contratación administrativa, porque pese a la polisemia del termino corrupción, una decisión que vulnera la ley, se está adoptando de forma discrecional. Y ésto implica arbitrariedad en la toma de decisiones así como la ruptura del principio de igualdad para optar a un un contrato con la administración, pudiendo incidir en un claro riesgo de clientelismo.

La petición de dimisión realizada por dos grupos municipales hacia el actual Alcalde y el ex Alcalde, hoy portavoz de Compromis, es coherente con lo que, por ejemplo, éste último grupo solicitó en el caso de la imputación del ex Alcalde y desgraciadamente fallecido Juan Ramón Varó. Y si finalmente le justicia abre juicio oral y de investigados pasan a procesados, lo coherente, democráticamente hablando, es que los dirigentes políticos afectados den un paso a un lado y abandonen sus cargos en beneficio de la ejemplaridad, valor del que nuestra democracia local está bastante necesitada. 

Finalmente será la justicia quien dictaminará el grado de las irregularidades administrativas y si éstas tienen o no repercusiones legales. Que otros grupos, como por ejemplo el PSOE o Ciudadanos ( socio del PP en el gobierno de coalición) no hayan adoptado una posición, quizá sea porque todavía no se ha abierto el juicio oral y, por lo tanto, los cargos públicos investigados no están todavia procesados. Aunque, cuando ésto suceda, no podrán esquivar expresar públicamente su defensa de la institución que representan. No siempre van a poder estar de perfil.