UNA OPCIÓN IDEOLÓGICA: TECNOCRACIA.

 

¿Por qué los políticos deben abstraerse de los procesos de contratación? Se vierte, de alguna manera, un velo de sospecha, no sobre la capacidad sino sobre la ecuanimidad de las decisiones en materia de contratación, una sospecha sobre los intereses que los representantes públicos puedan o no tener más allá de sus compromisos políticos o ideológicos.

Uno de los argumentos es que el aparato técnico está habituado a evaluar y emitir informes, valorar ofertas, controlar el apartado económico-administrativos de los contratos y a determinar otros pormenores de las adjudicaciones. Pero al hilo de ésta argumentación surgen preguntas de necesaria contestación. ¿Quién tiene la legitimidad democrática para tomar decisiones?, ¿el aparato técnico no tienen ideología?. Y siendo así, ¿no condiciona la ideología las alternativas posibles elegidas (dentro de la viabilidad y la legalidad)?

Max Weber señaló: el burócrata, debido a su neutralidad y al ejercicio de su cargo, era un aporte idóneo para el Estado de Derecho y la modernidad, pero era un modelo peligroso para la democracia… El principal problema al que se enfrentaba la formación del liderazgo político era el control del “despotismo burocrático”.

Estas premonitorias palabras podrían resumirse en un “palabro”: tecnocracia, o poder del saber.

En apariencia, “sacar a los políticos” de determinados órganos, podría parecer incluso una decisión que beneficia la eficacia en la toma de decisiones, pero los gobiernos tienen fundamentalmente dos dimensiones: la política y la administrativa. Si la eficacia es la única verdad, al margen de la legitimidad representativa, el riesgo de debilitar la democracia es, en mi opinión, más que evidente.

No existe, o al menos no debería existir una dicotomía entre gestión y política, fundamentalmente porque la administración municipal no es una empresa al uso: sí, debe gestionar los recursos públicos pero el único beneficio que busca, o al menos debería, es la resolución de problemas y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

La tecnocracia, por lo tanto, es, en mi opinión, la consecuencia de la ineficiencia política. Y desde hace años, nuestra administración ha dado pruebas onerosas de esa ineficiencia.

Los procesos de contratación, por supuesto, deben estar bien diseñados, ajustados a ley y con diferentes alternativas para que los objetivos estratégicos marcados por los actores legitimados tomen la decisión. Lo contrario es una desconfiguración de la democracia, porque quien toma las decisiones ( políticas en definitiva) no son los que tienen la legitimidad sino aquellos que deben garantizar el cumplimiento de los valores y principios constitucionales en la toma de decisiones.

Creo que, más allá de las grandilocuentes palabras y objetivos de la medida tomada unilateralmente por el Sr. Alcalde, hay preguntas prácticas y concretas sobre procesos en marcha que deberían ser contestadas como ejemplos prácticos de “independencia y transparencia”, así como sobre procedimientos frustrados o incluso presuntamente irregulares. La decisión tomada es, en mi opinión, un debilitamiento más del componente político de una administración que, en nombre de una hipotética eficacia de la gestión renuncia a espacios de control y de decisión que corresponden a los representantes públicos.

Frente al faccionalismo de la política partidista o la búsqueda del beneficio empresarial la administración puede y debe servir a la ciudadanía guiada por los valores de imparcialidad, equidad, efectividad y rendición de cuentas. La transparencia es importante pero, ¿se asegura ésta a través de un cónclave compuesto solo por “sabios”?. Reforzar el control sobre la administración es necesario para evitar, en lo posible, las decisiones que puedan perjudicar los objetivos y fines colectivos. Para ello existe, pero también para dar forma práctica a las políticas que componen los programas políticos.

El aplauso que la medida provoque será directamente proporcional con el grado de apatía, descontento y desafección que la ciudadanía tenga para con sus políticos. Así pues, si de aplausos de pasa a ovación, creo que tenemos un problema. Entonces, ¿Porqué en vez de elecciones no privatizamos la política municipal dando entrada a una empresa que priorice el beneficio frente a esos intangibles tan propios y necesarios de la política?