CONFLICTO "SIN SAL".

 La aprobación por el Pleno municipal de 26 de noviembre de 2006, del “Convenio Regulador para la financiación y obras complementarias para Marina Baja-Alicante entre la sociedad Estatal ACUAMED y el Ayuntamiento de El Campello” parece que dejó en el aire algunos ( o muchos) flecos que, a la vista del enquistamiento en el que el asunto ha entrado, se han convertido en verdaderas aristas.

El 10 de Enero de 2020 la corporación realizó una visita institucional a la instalación de la desaladora. La noticia (Diario Club periódico de Alicante) resumía así la visita: “ asistieron a una instructiva jornada que versó sobre el funcionamiento, costes, productividad e impacto medioambiental de la planta (…). Pero, por los acontecimientos que se han precipitado ni fue instructiva ni parece que la cuestión costes suscitara la curiosidad o el interés de los Concejales y Concejalas que disfrutaron de las explicaciones de “Mariola Durá, responsable de la planta de la Dirección de Ingeniería y Construcción de Acuamed y Carlos Fernández, jefe de Planta (Diario Club de fecha 10 de enero de 2020). En la página web municipal la noticia se titulaba así: Visita institucional a la desaladora Mutxamel-El Campello, “un seguro de vida” (09/1/2020) .

Pues bien, aproximadamente un año después de la “instructiva” visita, el asunto le estalla al gobierno de coalición para el que la cuestión pasa de “seguro de vida” a confrontación abierta entre los socios de gobierno. Los flecos (convertidos en aristas) del convenio firmado en 2006 se centran en la financiación “en diferido” (con perdón) de la inversión realizada por la sociedad Estatal y a la que, en función de lo que parece establecer el convenio, se comprometió nuestro Ayuntamiento. Sin entrar en el fondo, simplemente decir que sí, que fue aprobado por el Ayuntamiento sin la presencia de alguno de los actuales actores políticos municipales ( Ciudadanos no estaba, ni Podemos, ni Red)pero este argumento no es ni lógico ni legítimo para justificar una oposición, ya que el sistema de partidos es contingente, y por lo tanto cambiante (desde 1979), no siendo razón suficiente para cuestionar la infinidad de convenios establecidos entre el Ayuntamiento, como institución, y otras entidades ( Consorcio,mancomunidad, etc) para la prestación de servicios.

Que el asunto no ha sido ni suficientemente debatido, ni por supuesto acordado por los socios de gobierno, parece una evidencia. Al parecer en la “afinidad” programática inicial se obviaron asuntos que estaban en el cajón y sobre los que no ha existido el dialogo suficiente. Pero, ¿quién es el responsable?. La respuesta a esta pregunta plantea una cuestión central, no sobre el asunto concreto que hoy me trae aquí, sino respecto a una cuestión relevante respecto a los gobiernos de coalición: la asignación de responsabilidades.

Es sólo una especulación pero, es posible que ante las discrepancias en el seno del gobierno de coalición el grupo mayoritario, representando por el actual Alcalde, decidiese que además de una cuestión relevante para los intereses colectivos, podría utilizarse como “arma” o argumento para desgastar al socio con el que comparte gobierno (ademas de espacio electoral, que es lo que más puede desestabilizar un gobierno de coalición si los asuntos se abordan desde una perspectiva electoralista). Y este cruce de intereses ( partidista, electoral y colectivo) nos ha situado en una coyuntura complicada. Pero creo igualmente necesario recordar que la responsabilidad de medio ambiente recayó (en el reparto del poder ) sobre el socio menor ( Ciudadanos) que, o no le dio al asunto la importancia necesaria, o tácticamente dejó que su socio lo gestionase para luego oponerse y buscar así espacios diferenciadores. Fuese como fuese, la cuestión seguirá siendo ( además de cómo resolver el problema), quién tiene la responsabilidad de esas aristas (aparentemente insalvables) que le han surgido a una cuestión que tendría que haber sido motivo de un amplio acuerdo.

En mi opinión, la petición de un informe jurídico aclarando la vigencia ( o no) del convenio así como las obligaciones de las partes en su duración, no sólo es pertinente sino que podría servir para desbloquear una situación que no beneficia a casi nadie, si exceptuamos claro, los intereses que puedan tener los “socios” en debilitarse mutuamente a costa del bien común. De ahí que una posible conclusión es que existe más interés en tensar la situación que en resolver el problema a nivel político, además de una aparente inhibición por parte de quienes deberían garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones municipales.

Por lo que respecta al principal grupo de la oposición, simplemente recordar que fue parte de la aprobación del convenio en 2006 y, o se explica el cambio de posición, o se es coherente y corresponsable de lo que acordaron los y las antecesores en la representación, pues si además de ejercer la oposición se quiere construir una alternativa, la opción debería ser siempre propositiva. Una oposición sin más, se enmarcaría claramente en una opción oportunista y táctica que no aportará nada a la resolución de un problema colectivo.

Parece claro que éste asunto ha superado el nivel de “las políticas” de interés general, entrando en el de “ la política” ,donde parecen primar lo intereses partidistas.