LA OPINIÓN PUBLICADA

      En las últimas semanas hemos asistido a una campaña de publicidad en las redes sociales institucionales sobre uno de los proyectos que parecen ser el objetivo del gobierno municipal de coalición: la reestructuración de las dependencias municipales y la construcción de un nuevo Ayuntamiento. Es cierto que la encuesta realizada en redes y online contenía otras cuestiones, pero el eje es sin duda la construcción de la nueva casa consistorial.

    A un gobierno se le pide que ejerza como tal. Que ponga en marcha políticas en relación con un proyecto general. El análisis de ésta cuestión tiene dos caras: la descriptiva o real y la prescriptiva o ideal. La primera cara son las actuaciones del gobierno que podemos ver y la segunda, la que nos gustaría. La encuesta ha recogido diferentes opiniones sobre cuestiones como la peatonalización de la plaza de la Constitución, el cambio de uso de determinados edificios municipales e incluso el nivel de conocimiento que los y las participantes tenían sobre la ubicación y el uso que de los servicios se hace habitualmente. Estos datos, si proviniesen de un sondeo de opinión que cumpliese los requisitos mínimos de un estudio demoscópico podrían ser un referente para complementar e incluso mejorar el proyecto que supuestamente comparten los dos partidos de la coalición. No obstante, y dados los sesgos y carencias metodológicas y técnicas, podríamos concluir que es un documento en el que una muestra de la opinión pública plantea algunas líneas de actuación para las que en mi opinión no hacía falta un sondeo porque son en su mayoría lógicas y esperables. Pero me gustaría insistir en esa política concreta sobre la que gira (en busca quizá de un refrendo) gran parte de la encuesta, que es la construcción de un nuevo Ayuntamiento.

    Nadie cuestiona la legitimidad numérica de las decisiones que el gobierno pueda adoptar, aunque si que podría hacerse en cuanto a sus valores democráticos. Y esto pasa por una concepción minimalista de la democracia como un mero mecanismo de selección de gobernantes para que en el mandato dado por las urnas haga y deshagan. Y hago referencia a esa concepción minimalista porque los sistemas democráticos, de una forma u otra, se fundamentan en una premisas: la agregación electoral configura mayorías y minorías. Hablar de mayoría en términos políticos requiere de una adecuación al mandato limitado en el tiempo y a una posible alternancia, cuestiones que tienen o deberían tener un carácter condicionante para adoptar según que decisiones. En la política nacional hemos asistido, por ejemplo, a una sucesión de leyes educativas que han sometido a nuestro sistema a desequilibrios periódicos en función, no de un objetivo donde haya existido un acuerdo de mínimos, sino la imposición fundamentada en cuestiones numéricas, algo que en mi opinión no ha beneficiado los objetivos de calidad y continuidad que supuestamente se perseguían. Con las grandes decisiones municipales pasa lo mismo: cualquier decisión puede revertirse. Pero no hablamos de una ley o una ordenanza sino de una infraestructura permanente, por lo que la retroactividad es más difícil y, por lo tanto, condiciona a ser asumida por corporaciones venideras aunque no la compartan (cuestión que todavía se desconoce porque desde los grupos mayoritarios de la oposición no se ha planteado una alternativa, lo que podría suponer que existe una aceptación tácita, con lo que mi argumento simplemente decaería). Pasa lo mismo con el resto de proyectos complementarios, como las peatonalizaciones o la puesta en marcha de determinados servicios desde la lógica de la gestión privada ( un contrato plurianual condiciona cualquier intención de rescate al estar éste supuesto supeditado a una indemnización).

    Las políticas públicas que emanan del gobierno, insisto, tienen toda la legalidad pero pierde una parte de su legitimidad si no cuentan con el apoyo de esas minorías a las que deben respeto y que en una democracia deberían ser tenidas en cuanta al tener igualmente una legitimidad representativa proveniente de una parte del electorado.

    Lo ideal sería que las administraciones que están por encima de la estructura municipal ejerciesen un cierto control sobre la racionalidad e incluso sobre la idoneidad de determinados proyectos para evitar actuaciones que en el pasado han supuesto gastos de dinero público del que la ciudadanía no ha podido beneficiarse directamente. Pero esto, como digo, es lo ideal y no la realidad. La realidad es que la situación de emergencia sanitaria que vivimos, unida a la flexibilización de los límites presupuestarios, va a permitir que, en nombre de la “nueva normalidad” se emprendan caminos, no sólo poco adecuados, sino que vulneran el espíritu de un sistema político que “gracias” a cosas como ésta es visto por una parte de la ciudadanía como ajeno a su vida real y, por consiguiente, como un problema y no como una solución.

    Supongo que las intenciones expresadas se concretarán en un proyecto, y ante éste lo que tocará es discutir sobre su idoneidad y su necesidad, algo que espero que se produzca, no sobre hechos consumados sino desde la voluntad de sumar. El gobierno tiene la responsabilidad de proponer, pero creo que antes que revisar el uso de la infraestructura municipal lo que debería hacer es desarrollar una mirada instrospectiva y crítica sobre los procedimientos unidos a la eficacia en resolver los problemas de la gente, que aunque no opine o incluso sean votantes de otros, tiene derecho a que se la tenga en cuenta.