POLITIZAR

    ¿ Que se quiere o qué se pretende cuando se aplica a una opinión o manifestación sobre un hecho político el término ( siempre en sentido peyorativo) politizar?. ¿Quizá, se está atribuyendo a éste término unas propiedades negativas como de “querer arrimar el ascua”, o sacar rédito político?. Estoy convencido que si.

    Cuando se dice, por ejemplo, que no hay que politizar el debate educativo o la sanidad, los que acusan de “politizar” lo que quieren decir es, que no es apropiado discutir determinadas decisiones dada la sensibilidad de las cuestiones. Pero, ¿las decisiones en materia de educación, o sanidad o derechos civiles o sociales, no parten de una decisión política, tomada por políticos?, ¿qué hay más “politizado” que esto?.

    En política, la utilización peyorativa de una cualidad intrínseca de las decisiones tomadas por un cargo electo ( un político) denotan un sesgo de “falso consenso”, donde el actor que posee el poder piensa que tiene el monopolio del sentido común, y por consiguiente, las discrepancias, expresadas con mayor o menor vehemencia, son una actitud siempre malintencionada.

    Esta, creo que es la interpretación del término, cuando ante las críticas de la oposición, el Alcalde del gobierno de coalición les acusa de “politizar” el debate sobre las ayudas a autónomos y pequeñas empresas. Evidentemente hay otros argumentos ( como el de las garantías del proceso) que podrían ser objeto de un análisis más concreto, pero ciñéndome, creo que acusar al adversario de intentar “sacar partido” de una política es, como mínimo, una paradoja, porque las decisiones, como decía, siempre las toman los cargos políticos y, formando parte de la necesaria y democrática confrontación de posiciones políticas propia de una sociedad plural.

    La pretensión de unidad bajo premisas unilaterales es un sesgo ( de obediencia) del que pecan algunos gobernantes que interpretan que la crítica es ilegítima, sólo por cuestionar un proceso o una decisión. Y en mi opinión es totalmente al contrario: la crítica es legítima pues proviene de un mandato igualmente representativo que el que ostenta el gobernante, pero con unas responsabilidades inmediatas simplemente diferentes. La discrepancia es consustancial a la pluralidad, y ésta debe suscitar respeto, discrepante, si; dialogante, también; al fin y al cabo, simplemente expresión de una sociedad plural representada a través de los cargos electos.

    El hecho, en mi opinión (y por resumir) es que una política pública ( como ésta, de ayuda a autónomos y pequeñas empresas en una situación de crisis) tendría que haber partido de un análisis previo sobre el impacto y sus receptores para, posteriormente, adecuar los medios necesarios que la hiciesen eficaz frente al problema que pretendía mejorar. Pero lo que se hace (si no habitualmente, si en demasiadas ocasiones) es un análisis basado en impresiones, intuiciones y, como no podría ser de otra manera, tácticas electorales a medio plazo: la imagen de trabajadores abnegados en pos del bien debe prevalecer frente a cualquier crítica. Incluso ante cualquier discrepancia sobre la implementación (pues en los objetivos se esta de acuerdo), que es exactamente en lo que se centran las críticas realizadas por la oposición.

    Si una vez puesta en marcha la política, y vistos los resultados en cuanto peticiones, se hubiese analizado el programa de ayudas y planteado públicamente propuestas para mejorarla (críticamente, pero sin innecesarios actos de contrición) en su continuidad, quizá al debate político se habría añadido un elemento inclusivo que podría mejorar su desarrollo en posteriores convocatorias. Pero la actitud de negar la mayor, de señalar al discrepante por “politizar” una decisión (que de por si ya es política), lo que en mi opinión denota es una táctica, que podría resumirse  como de infalibilidad; una estrategia retórica para maximizar su posición frente a la de los adversarios, o la necesidad de aparecer o aparentar que la esencia de la representatividad se concita en un solo lado.

    Que la administración pública deba ser garantista en el proceso no significa que tenga necesariamente que ser ineficiente, pues tiene la responsabilidad de, ciñéndose al procedimiento, mejorarlo en lo posible, algo que debería estar en la agenda de todos los representantes políticos locales como una prioridad. La administración no puede ser un problema para los problemas, sino al contrario: la administración debe ser, eficiente en el proceso y eficaz en la aplicación de medidas (sean coyunturales o no) que incidan en la mejora de situaciones problemáticas. Y para ello tiene la autonomía necesaria para optimizar los medios a su disposición, insisto, algo que, a la vista del retraso en procedimientos y trámites, debería suscitar una reflexión crítica sobre la propia organización municipal y sus objetivos.