¿PEDIR LO POSIBLE O SEGUIR DE PERFIL?
En los medios de comunicación, de forma periódica, suelen publicarse noticias sobre la piscina municipal, que todos y todas sabemos que existe, porque la vemos, pero que todavía no hemos visto más que en fotos. Las obras se iniciaron en 2010 y finalizaron en 2016. El proyecto nació con problemas y finalizó con problemas: después de más de cuatro años y una media de más de cuatro mil euros de mantenimiento mensual, la instalación sigue cerrada y las instalaciones anexas avanzan su proceso de deterioro, no precisamente por el uso.
El gobierno surgido de las elecciones de 2019, pese a que dos de los socios de investidura llevaban en sus programas, o la gestión mixta o la directa a través de un ente público, se lanzó a reactivar el procedimiento administrativo de un proceso que anularon los tribunales por deficiencias graves en el procedimiento. Pero ese impulso se encontró con un problema imprevisto: la pandemia. Y el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos decidió dejar en suspenso el procedimiento para 2021 con la esperanza de que la situación sanitaria mejore y el proyecto recupere el interés para las empresas. Y se supedita a ésta hipotética mejora, no sólo la piscina, sino la totalidad de las instalaciones anexas: salas, pistas deportivas, padel, etc. Y, pese a tener instalaciones disponibles, o se habilitan salas improvisadas para desarrollar actividades de las escuelas deportivas o se mantienen las que ya se utilizan en el viejo centro Trinidad Segura, pese a que no reúnen las mejores condiciones, ni para la práctica deportiva, ni para la seguridad sanitaria de los usuarias.
Y nos encontramos con una petición: que se utilicen las pistas anexas ( pista deportiva, padel, tenis, etc) bajo control municipal. Y se pide, no como renuncia al objetivo de privatizar el complejo, sino de forma temporal hasta que se tome una decisión definitiva cuando “escampe” la situación sanitaria, algo que en mi opinión es una una ingenua estrategia de ilusionismo dada la evolución de la pandemia. Pero a lo que vamos: se pide algo posible, que supone que el gobierno deba renunciar, en principio, a su objetivo privatizador, ¿tan difícil y complicado es?.
No se a mis convecinos y convecinas, pero a mi me corrompe pasar día tras día junto a una instalación deportiva acabada y cerrada; no se si a mis convecinos les interesa saber que la instalación, pese a seguir cerrada, sigue generando una factura mensual por mantenimiento; no se si a mis convecinos les interesa, desde esa posición (paradigma del individualismo neoliberal) de contribuyente que, pese a estar ahí, no se utilicen las dependencias existentes para dar salida, aunque provisional, a las necesidades que la adecuación de espacios, fruto de la crisis sanitaria, se requiere. A mi si me corrompe, pero solo soy un vecino.
Un factor que se utiliza para evaluar la gobernabilidad es la eficacia y la eficiencia en la gestión, y no creo que el ejemplo que el gobierno de coalición está dando alcance el aprobado. Y lo que más me sorprende (relativamente) es que la oposición en bloque no se sume a la petición de uso de las instalaciones, planteando un debate sobre el presente (posible) y el futuro (deseable) de la anhelada instalación en nuestro municipio. Y digo que relativamente, porque los partidos que formaban parte del gobierno de coalición entre 2015 y 2019 tampoco fueron capaces de poner sobre la mesa una propuesta más allá de la que estaba diseñada por el PP desde el nacimiento del proyecto: la privatización. Y digo que relativamente, porque no fueron capaces, mientras el proyecto de privatización seguía su procedimiento para finalmente ser anulado por decisión judicial, abrir las instalaciones deportivas anexas (y otras) para su uso.
Al menos en este asunto, hay una especie de acuerdo tácito entre diferentes grupos municipales: el PP ( que inició el proyecto con la mirada puesta en la privatización completa de la instalación), el PSOE ( que cuando fue gobierno no fue capaz de poner sobre la mesa una alternativa que diese una dimensión social a la gestión de la instalación, ni tampoco abrir las pistas anexas cuando el procedimiento administrativo fracasó), ni Podemos (que apoyó vehementemente la privatización). Ciudadanos, que estaba por la gestión mixta se sometió al criterio de mercantilización de la instalación del grupo mayoritario y el tercer socio de investidura, simplemente omitió convenientemente que en su propuesta electoral se contemplaba la gestión a través de un ente público, quizá porque no sabía siquiera que significaba esa figura.
Creo que, pese a haber tardado, no es tarde para reconsiderar posiciones y plantear conjuntamente, como mínimo, una propuesta provisional para que las instalaciones que puedan ponerse en uso, se haga de forma urgente. Y que sobre la gestión del supuesto “goloso negocio”, se abra un debate sobre su gestión privada, que además de que sería un error que otros ya han cometido, condiciona un servicio socio saludable poniendo por delante de los derechos de los y las ciudadanos y ciudadanas, el posible ( y en éstos mometos, más dudoso) beneficio económico de una instalación financiada con dinero público y construida en suelo público.
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