LAS DIFERENCIAS, IMPORTAN.


Ejercer un cargo público conlleva una serie de responsabilidades. Evidentemente, se presupone la lealtad para con la institución a la que pertenece y para la que ha sido elegido ( insisto: elegido) por la ciudadanía en las urnas. Pero, ¿esa ciudadanía espera sentirse representada?, ¿en función de qué?. Esta cuestión es, en los tiempos de “desafección” que corren respecto a la actividad política, central.
Las elecciones son el mecanismo central de la democracia. En el caso del Ayuntamiento, son el momento en el que la ciudadanía se inviste de soberanía para designar, en función de variados factores, a las personas que van a representarles durante la duración del mandato municipal. Y entre esos factores, están los partidistas ( afinidad a una etiqueta política o electoral), los personales ( adhesión a la figura de un candidato o candidata) y los programáticos. Este último punto es uno de los aspectos más criticados por la “desafecta” ciudadanía, pues considera que los programas son meros trámites a cumplir para presentarse a las elecciones con un cierto empaque político. Pero los programas y, lo que es más importante, los principios que inspiran las propuestas, son ese fondo que para muchos representantes supone únicamente un trámite; un protocolo necesario pero no vinculante.
Nuestro sistema democrático se basa en el mandato representativo, por lo que las variaciones programáticas son, además de habituales ( en función de las variaciones del contexto) necesarias en una sociedad tan compleja y cambiante como en la que vivimos. Pero, como decía “Manquiña” en esa gran pelicula de Juanma Bajo Ulloa ( Airbag): el concepto es el concepto. Y el concepto, insisto, son esos principios que, pudiendo modularse, deben servir de guía para cualquier cargo público que se precie de serlo, más allá del estatus social y económico que conlleva el ejercicio.
¿Porqué digo todo esto?. Sencillamente porque la realidad es que a los partidos políticos parece que les supera la gestión, asumiendo postulados que, en principio, contradicen los valores y principios que inspiraron su comparecencia electoral. Y como muestra un botón: el voto afirmativo del PSOE a la externalización de la Poda, sumado a su apoyo inequivoco durante la pasada legislatura a la frustrada privatización de la gestión de la piscina, situa al principal partido progresista en un plano, digamos, muy plano.
La oposición no se basa en la aceptación sin más de los postulados del gobierno de turno, sino en la presentación de alternativas viables que no sólo permitan visualizar al electorado que, ni todos son iguales, y que no todos quieren lo mismo, pues este es otro de los males de la política: la despolitización como paradigma de la buena gestión. Y en una democracia, donde los partidos representan visiones diferentes del qué hacer y cómo hacerlo, no sólo confunde a la ciudadanía, sino que transmite la penosa imagen de que no hay diferencias entre derecha e izquierda. Y si las hay.
Apelar a la responsabilidad institucional o a ese eufemismo del “interés general”, es la alternativa de escape para los partidos que viven, no para cambiar y mejorar la vida de la gente, sino como mera comparsa del neoliberalismo. Y en el caso que nos ocupa, del neoliberalismo radical que representa el gobierno de derechas y extrema derechas.
De nada sirven discursos retóricos si en la práctica ( como es el caso) se coincide o acepta (sin plantear alternativas) lo que un gobierno plantea, máxime cuando sobre sus hombros recae la responsabilidad de querer privatizar servicios, manteniendo al mismo tiempo un galimatias burocrático dificilmente solucionable.
Espero que el PSOE, si todavía le queda un ápice de responsabilidad para con sus sufridos votantes, abandone el cómodo seguidismo que, aunque adornado ( insisto) de retórica de izquierdas, acepta que la única vía para prestar servicios es ponerlos directamente en manos privadas, sin calentarse la cabeza un momento en proponer otras vías, que las hay, no lo duden.

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