EL PARLAMENTO, IMPORTA.

Los titulares de diversos medios de comunicación se hacen eco de las “disculpas” del gobierno por la gestión política realizada. Se reflexiona sobre la necesidad de unidad y se entona un cierto “mea culpa” por no haber sido más permeables y más abiertos hacia otros grupos políticos. El anuncio del PNV de la retirada del apoyo al gobierno, junto a las criticas recibidas por no haber informado a la oposición de las medidas que se iban a implementar, ha llevado al gobierno a darse cuenta de algo que, pese a ser evidente, no parece haberlo sido tanto en el proceso de implementación de las medidas (urgentes que la crisis sanitaria requería y requiere) , a pesar que esas tienen que pasar por el parlamento en menos de un mes.

Creo que la rectificación de la coalición de gobierno no puede ser una excusa, ni una estrategia de dilación, para en los próximos días volver a dar una imagen irreal: que el gobierno puede gobernar sin contar con la realidad parlamentaria. Y cuando digo gobernar, no me refiero a la cotidianidad habitual, sino a la toma de decisiones de calado como son las que se debían y se están tomando en el marco de la peor crisis que ha sufrido nuestra democracia.

Es una cuestión de legitimidad. Y, por supuesto que el gobierno tiene la legitimidad que le dieron las urnas y el parlamento, pero es limitada, dado el escenario de fraccionamiento político y polarización social. Pero esa legitimidad de origen, sin una mayoría parlamentaria que la reafirme en el proceso, junto al tensionamiento institucional y social, resta calidad a nuestra democracia, máxime (insisto) en momentos en los que la unidad política debería ser el paradigma sobre el que construir el “día después” para una salida social lo más cohesionada posible de la dramática situación que atravesamos.

Evidentemente venimos de la negación de esa legitimidad de origen por parte de una coalición de facto formada por los grupos políticos de la derecha parlamentaria, y esto es un problema que vamos a ir arrastrando, máxime si el populismo de extrema derecha tiene voz y voto en determinados gobiernos, pues principalmente es éste partido político el que tensiona, no sólo el sistema (al que abiertamente se opone), sino al principal partido de la oposición, que ha virado hacia posiciones radicales abandonando su papel de estabilizador institucional. Pero ésto no es suficiente motivo para que el gobierno de coalición en minoría olvide que el sustento recibido por partidos igualmente antisistema ( ERC) no puede ser suficiente para desarrollar una acción de gobierno legítima. Y cuando digo legitima, quiero referirme a la legitimidad social mayoritaria.

El concepto tiene diferentes enfoques. Desde que la legitimidad únicamente está sujeta al cumplimiento de la legalidad, hasta la que considera que el “reconocimiento de la deliberación

democrática” es requisito necesario para una acción verdaderamente democrática”, o el reconocimiento del parlamentarismo representativo como expresión de la voluntad ciudadana. Y lo cierto es que, siendo éste un momento dramático para nuestra ya tensa sociedad, la acción de gobierno ha dado argumentos a una oposición que (igualmente legítima) exige su cuota política. La transparencia del gobierno, en un ejercicio muy positivo de comunicación institucional, no ha estado apoyada en la búsqueda de los necesarios apoyos parlamentarios, que aunque lógicamente críticos, transmitiese a la sociedad que la unidad (en la pluralidad) es posible.

No es posible vivir del recuerdo de anteriores situaciones de crisis pues, ni el contexto político ni el social es el mismo. El gobierno tenía y tiene la obligación de desarrollar su actuación bajo la premisa del diálogo, pero no unicamente con sus socios, sino con otras formaciones políticas que, siendo adversarias electoral (e ideológicamente), tienen la cuota de legitimidad que las urnas le han concedido.

Si la petición de disculpas por parte del gobierno son un propósito de rectificación, los partidos que forman parte del gobierno, además de buscar el apoyo parlamentario para su acción política, tienen la obligación de suavizar en lo posible la crispación social pues, insisto, no es el momento, ni político ni social de contrastar los diferentes tipos de legitimidad en función del estatus institucional, sino que es una prioridad social potenciar la eficacia de nuestro sistema democrático.