¿Tenemos un problema?

Si tuviésemos la oportunidad de realizar una investigación sobre el nivel de legitimidad, la satisfacción con el sistema y el nivel de apoyo a los partidos político locales, posiblemente nos encontraríamos con un trilema decreciente: la legitimidad de la democracia casi nadie la cuestiona, incluso ni los que dicen situarse en los margenes aceptables. Pero la satisfacción con el sistema posiblemente nos daría datos poco positivos, y claramente relacionados con la tercera cuestión: el apoyo al sistema de partidos.

El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, en su pregunta número 6 plantea una cuestión que en mi opinión es crucial para entender que está pasando en el escenario político y electoral:

Pregunta 6. ¿Cuál es a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?

Y las respuestas son dignas de comentar: el paro (61,8), la corrupción y el fraude (33,3), los/as politicos/cas en general, los partidos y la política (29,1)... Y hasta aquí quiero leer ( les siguen cuestiones tan relevantes como el empleo, la sanidad, la educación, etc).

Que la ciudadanía considera a los políticos y los partidos como un problema y no como la solución, es un continuo, pero en las últimas semanas, tras la constitución de los Ayuntamientos, la percepción de que la "clase política" sigue caminos diferentes a los de la sociedad, se acentúa con las decisiones referentes a los múltiples acuerdos sobre remuneraciones de los cargos públicos. Los argumentos justificativos ( que no explicativos) en la línea de la "dignificación", no solo no resuelven o mejoran el problema, sino que lo agravan.

Las diferentes teorías de las élites (Mosca, Paretto, Michels....) parecen cobrar relevancia cuando, una vez pasadas las elecciones, una gran mayoría de políticos que han alcanzado el poder, "dignifican" la actividad política a través de salarios que nada tienen que que ver, ni con el contexto socio económico, ni con el poblacional, y si me apuran, con ningún otro.

La única norma legal que establece unos límites mínimos es la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Dichas normas establecen los límites sobre las retribuciones máximas del Alcalde y el número de puestos de los denominados "de confianza" (personal laboral eventual). Pero éstos límites son parte del problema porque dan carácter legal a unos acuerdos que deberían partir de otros supuestos ( actualmente el supuesto de referencia son las retribuciones de Secretario de Estado, con reducciones en función de tramos de habitantes). ¿Que supuestos?. En unas administraciones la existencia de ROM (reglamento de organización municipal) equipara las retribuciones a determinados puestos existentes en la administración pública ( A1,A2, etc) pero , ¿realmente se puede equiparar a un puesto de funcionario público de carrera?. En mi opinión, no, porque se da una situación de paradoja entre lo político y lo técnico. Entonces, ¿cuales deberían ser los criterios?.

Parto de la premisa de que los cargos públicos deben percibir una remuneración por su trabajo pero, ¿cual es el nivel de dignidad de esas retribuciones?, ¿el salario medio de la localidad?, ¿el número de habitantes?, ¿Un porcentaje calculado sobre el presupuesto o sobre una parte de el?. Es un tema complicado, porque realmente no puede cuantificarse: parte de un concepto basado, o en principios, valores y empatía social o uno relacionado con el estatus adquirido a través de las elecciones, o lo que es lo mismo, un concepto claramente elitista, que nada tiene que ver con la desafección o descontento que provoca en un cada vez mayor sector de la ciudadanía respecto a la política y los políticos, caldo de cultivo de los extremismos populistas.

Creo que la ciudadanía que expresa su disgusto y su rechazo a éstas medidas tiene que ir más allá de la queja o la denuncia en redes sociales. Creo que debe organizarse en torno a las propuestas que en verdad dignifiquen la política como la mejor manera de resolver, pacifica y dialogadamente, los conflictos que se generan en la convivencia de una sociedad diversa y compleja como la nuestra.