APRENDER A ENTENDERSE

El final de un mandato es el momento propicio para exigir responsabilidades o atribuirlas (si son en positivo), pero también para sacar conclusiones de cara al futuro inmediato. De lo contrario, se pueden repetir actitudes que, a la vista de una valoración eminentemente cualitativa, no han propiciado la solidez necesaria en un gobierno multipartido apoyado por el 48,7% de los electores.

La primera conclusión, como ya he mantenido en diferentes ocasiones, es la confusión entre legitimidad ( de origen y proceso) con legalidad: las atribuciones que la ley da a un cargo no suponen una legitimidad mayor o menor. En mi opinión, se ha producido, a causa de una hiper personalización de la acción política, una superposición donde el estatus adquirido a través de una legitimidad delegada se ha impuesto “gracias” a la legalidad.

De la primera reflexión, la primera conclusió: la legitimidad de cada actor político debe prevalecer y, en su caso, ser complemetaria a través de un ejercicio permanente de deliberación. Y de la primera conclusión, una nueva reflexión: hago referencia a deliberación y no negociación, pues el primer término supone la aceptación de los roles de cada actor en igualdad, y la segunda, la renuncia o cesión en beneficio del entendimiento.

Que, evidentemente deliberación y negociación son términos complementarios, parece evidente, pero la estabilidad depende, y mucho, de la aceptación de la legitimidad de cada actor y la no superposición de una sobre otra en función de cargos o responsabilidades.

Una segunda cuestión: el qué más que el quien. Y esto se refiere a dar contenido a los acuerdos, más allá de la coyuntura de la investidura, algo que en el caso local no ha existido: se acuerda un texto coyuntural y minimalista que es anulado a causa de la primera cuestión que aquí he expuesto ( la superposición de legitimidad y legalidad).

Los acuerdos deberían contener dos partes: una positiva y una prescriptiva. La positiva recogería los acuerdos concretos, las actuaciones concretas y su viabilidad, y la prescriptiva, tanto los mecanismos (transparentes) de resolución de conflictos internos, como la transversalidad en la organización de la posible coalición. Esto es: las áreas de responsabilidad burocrático-política deben contar con la participación transversal de representantes de los diferentes partidos. Un ejemplo.

El área de urbanismo, amplia donde las haya ( disciplina, planificación, medio ambiente, etc) debe compartirse, tanto por cargos electos como por cargos de designación política. Una plasmación de éste ejemplo sería que el o la concejal del área de urbanismo fuese de un partido, el de planificación de otro y el de medio ambiente de otro pero todas las áreas conectadas a través de una única estructura administrativa designada por consenso y cuyo objetivo fuese la de equilibrar responsabilidades y procesos.

En cuanto a la parte prescriptiva, debería recogerse la voluntad de respetar la autonomía de cada organización y, evidentemente de cada representante en los asuntos cotidianos e igualmente en el desarrollo de propuestas políticas propias al margen del acuerdo general. Esta estructura posibilitaría que, pese a lo farragoso que en apariencia pudiera parecer la gestión, la resolución de conflictos ( básicamente en cuanto a la atribución o auto atribución de méritos o deméritos) fuese un instrumento (transparente) para alcanzar el equilibrio necesario en un gobierno plural pero estable.

Una coalición requiere algo más que el reparto del poder: requiere la organización de una estructura donde cada actor, cada organización, pueda sentirse al tiempo cómodo o cómoda pero sujeto a unas reglas no supeditadas únicamente a la legalidad en cuanto a la organización piramidal de la estructura política.

Por otro lado, y dado el escenario de diversificación del voto, las organizaciones implicada, además de garantizar el principio de representación se vería obligada a responder de sus acciones no solo ante los “socios” de gobierno, sino ante la ciudadanía y, principalmente, ante sus votantes.

Y, como decía, la pluralidad del escenario y la posibilidad más que real de que los resultados electorales nos conduzcan a una nueva situación de gobiernos de coalición, los partidos tienen una obligación que, aunque en la estrategia de comunicación electoral no es aceptada como positiva, en un compromiso con la democratización de las estructuras políticas y administrativas si lo es: la exposición en la campaña electoral de con quién se está dispuesto a pactar y qué se está dispuesto a acordar.