La piscina: paradigma de una solución neoliberal clásica.

Tras la publicación en los medios de comunicación de la información referente a la definitiva contratación de la “explotación” (terminología que aborrezco, por pertenecer a esa parte que considero más reaccionaria en la concepción de la gestión de los servicios públicos propia de la perspectiva política que considera “mercatilizable” cualquier servicio a la ciudadanía) de la Piscina Municipal y sus instalaciones anexas, se ha propiciado un cierto debate social en el que, aparentemente, la prioridad coincidente (también con los miembros del gobierno y de los grupos que han dado apoyo a ese proyecto de gestión) es la apertura, sea como sea de la instalación, sin observar algunas cuestiones que pueden (o no) definir el servicio como verdaderamente público o simplemente como un programa destinado a cubrir una demanda (si), pero con el objetivo de que la eficiencia económica beneficie principalmente a una empresa privada.

Los argumentos son variados. Desde el “porque se debe financiar un servicio que no utilizaré” (los que tienen seguros de salud privados también cuestionan el sistema público de salud, porque no lo utiliza, y por consiguiente consideran que no deberían financiarlo...), hasta una defensa cargada de lógica sobre la necesidad de que la gestión recaiga sobre una “eficiente” empresa privada, ante la ineficaz gestión que significaría un servicio “cargado” de funcionarios (¿la gestión pública sólo puede hacerse a través del incremento del capítulo 1 de personal?. Este es un claro ejemplo del reduccionismo imperante y claramente coincidente con la externalización sin más de servicios a la ciudadanía)

En el debate subyace una discusión que viene de lejos y que, en mi opinión se centra en la concepción misma del concepto de ciudadanía. Del papel que la vieja Administración Pública atribuía a la ciudadanía , como mero administrado, destinatario de servicios en un sistema burocrático, pasando por una visión del ciudadano como cliente, claramente influenciado por las orientaciones del mercado, donde la calidad y la satisfacción de sus demandas debe adquirir un papel fundamental, bajo la óptica de la Nueva Gestión Pública; y finalmente a una noción del ciudadano que va más allá de ser un mero usuario o cliente de los servicios públicos que recibe, y que es sujeto activo con un amplio número de derechos, desde el prisma del Nuevo Servicio Público, instrumento que, al menos en el caso local, ha sido relegado en beneficio del paradigma de la parte más práctica y sencilla de esa gestión de corte neoempresarial.

La externalización de la gestión de servicios ha sido una constante a lo largo de los últimos años del siglo XX y parece ser que también en el presente. Pero, como decía, ese paradigma de eficacia de lo privado frente a la ineficacia de lo público obvia elementos relevantes que suponen sin duda un punto de inflexión que los movimientos progresitas deberían observar como posibles incorporaciones a sus estrategias frente a la aceptación de unas reglas del juego que, lejos de coincidir con los principios y valores de lo común, relegan a la ciudadanía a meros clientes, siempre que puedan abonar los costes...

Asumiendo como se asume que “hay lo que hay”( sin ninguna curiosidad política para buscar en la legislación alternativas), nos encontramos, en el caso de la piscina municipal, con un claro ejemplo de aplicación de esa nueva Gestión Pública, pese a que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece una vía que los partidos progresistas, como anteriormente decía, podrían haber incorporado como una “alternativa” que beneficia al pequeño frente al grande, ya que uno de los objetivos básicos de la Ley ( reflejo de los planteamientos de la Estrategia Europa 2020) es fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, colectivo en el que se engloba a las micropymes, autónomos y a la mayoría de cooperativas y empresas de economía social. Por consiguiente, sí había alternativa para la gestión de la piscina e instalaciones anexas, más allá de la concepción neoliberal más radical que finalmente ha sido asumida como “inevitable”: división en lotes de los contratos teniendo en cuenta que el objetivo de los servicios a contratar es el mismo, e implicando una mayor especialización de las empresas y colectivos que licitarían para cada lote. Por un lado, natación; por otro, servicios de fisioterapia; por otro, fitnes y gimnasio. Y es solo un ejemplo de lo más clarificador de lo que podría haberse hecho y de lo que finalmente parece que va a ser.