¿Las etiquetas en política, son simbólicas?

Las etiquetas tradicionales de derecha e izquierda han perdido la relevancia que antaño tuvieron como anclaje político de la ciudadanía. En palabra del añorado Bawman: la política se ha vuelto líquida, pero muy, muy liquida. Ahora, los significados se construye de un día para otro en función de la dirección del viento ( fundamentalmente mediático, que no informativo). Pero el término izquierda sigue teniendo significado. Tenía razón N.Bobbio al afirmar que los términos derecha e izquierda son solo un punto de partida, pero parece que la izquierda no sea capaz o no tenga intención de huir del puro simbolismo que, pese a la insistencia retórica, ha perdido peso en el imaginario social y está necesitado de una redefinición que devuelva al término su proyección práctica.

Como aficionado a la política municipal, creo que existen vías más allá como decía de las puramente retóricas para establecer diferencias entre la derecha y la izquierda local. Evidentemente, romper con los paradigmas que han marcado la gestión de los servicios públicos es una de ellas, pero para ello es necesario, por no decir imprescindible, investigar las herramientas que den viabilidad a las propuestas, algo que no es costumbre, y para comprobarlo solo debemos dirigirnos a los programas electorales de las formaciones locales, donde la proliferación de términos genéricos y vagos rellenan líneas de algo que más parece una obligación ritual que un compromiso ético y político con la sociedad que se quiere mejorar.

Y como además de aficionado, soy un opinador compulsivo, quiero plantear las líneas generales de lo que podría ser ese posible elemento de ruptura con las tesis neoliberales impuestas a través de la vertiente más conservadora de lo que se denominó la Nueva Gestión Pública, en su corriente generencialista y privatizadora. Al menos me gustaría plantear el debate, al margen de consideraciones poco afortunadas de algún representante político reconvertido (sin saberlo ni reconocerlo en neoliberal nacionalista), sobre un aspecto que creo que marca o podría marcar un punto de inflexión en la dinámica incrementalista que sigue el gobierno municipal. Quizá, en los próximos programas electorales veamos si mi humilde incitación al debate ha tenido eco, o como siempre ha caído en la indiferencia, algo que por otro lado, queridos amigos y amigas, no me afecta personalmente, pese a lo que algunos pueda creer.

Asumir que la responsabilidad política conlleva una responsabilidad social, debe llevarse hasta sus últimos extremos: en el diseño de la administración, en la estructuración de los servicios, en la relación con la ciudadanía y en la forma por la que optemos en la gestión de los servicios públicos. Es evidente que la gestión directa conlleva una serie de gastos invariables y fijos que pueden ir en detrimento de otras acciones políticas. Está claro que la estabilidad de un servicio se consigue, en primera instancia, gestionándolo a través de personal propio, pero la estabilidad no conlleva calidad, como tampoco se incide en aspectos más allá de la población destinataria del servicio: la potencial población que puede prestar esos servicios. Me explico.

La legislación actual permite que las administraciones gestionen determinados servicios de su competencia a través de diferentes modalidades: gestión directa, gestión indirecta, mixta, etc. La opción que yo propongo como herramienta para, al tiempo romper con esa dinámica neoliberal e incidir en la responsabilidad social es, como muchos y muchas conocéis, el cooperativismo.

Y, evidentemente como planteamiento teórico está bien pero, ¿es posible su encaje legal, su viabilidad?. A eso voy.

La ley de contratos del sector público, si se lee buscando las oportunidades que ésta pueda ofrecernos, nos da indicadores de que es posible superar la contratación meramente instrumental donde el ciudadano es relegado a mero consumidor pasivo ( ya que solo se ha aplicado la parte, como decía, más neoliberal de la gestión pública gerencial, sin aplicar los correspondientes criterios de “atención al cliente” que ésto conlleva). La ley, como decía, incluye en los criterios de adjudicación aspectos medioambientales, sociales y de innovación. ¿Dónde?. En su artículo primero: “en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública a los pequeños y medianos empresas así como a las empresas de economía social”. Fin de la cita.

El artículo 202, de Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental y de otro orden, en su punto uno dice: será obligatorio el establecimiento en el pliego de condiciones de clausulas administrativas particulares de al menos de una de esas condiciones especiales. En su punto 2: Estas condiciones de ejecución podrán referirse en especial a consideraciones económicas relacionadas con la innovación de tipo ambiental o social. Asi mismo en su disposición adicional 48, podemos leer en su punto b): ...Que los beneficios se reinviertan...o en su caso que se distribuyan o redistribuyan beneficios, ésta deberá realizarse con criterios de participación, y en su punto c): Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados o principios de participación...

Está claro que no es tan sencillo, pero para eso están los servicios técnicos: para aplicar los criterios políticos. Ahora bien, si el político delega la decisión unilateralmente en un técnico sin intentar dar carácter político al acto en si, la politica ha dejado de tener sentido y vivimos en un mundo de ciborgs tecnocráticos donde sobran cosas como las elecciones, y perdón por la burrada.